El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Inicia Desde Esta Semana.

El presidente Luis Abinader presentó en el día de ayer la primera fa­se del “Plan de Seguridad Ciudadana” que consiste en diferentes acciones como son, colocar una denuncia en el lugar de los hechos mediante una aplicación móvil, desarmar a la población, identificar a los motoristas, capacitar a la Policía para garantizar un mejor manejo con la ciudadanía, más atención a casos de violencia de género e intrafamiliar, etc. Lo cual tiene como norte bajar los índices de violencia en el país.

El plan de referencia inicia este mes y se contempla que durará un año, con una inversión inicial de RD$296 millones, de los cuales 246 estarán destina­dos a la lucha de violencia de género e intrafamiliar y 40 a la capacitación policial.

El “Desarme a la población”, consistirá en la recompras de armas ilegales en manos de civiles, con el fin de reducir la violencia, esta fase se iniciará a partir del próximo 6 de abril, según lo anunciado por el Presidente.

Para ello establece un plan de incentivo económico y de cupones para canjear en establecimientos comerciales y otros, así como compensa­ción a policías y militares que decomisen e identifiquen ar­mas en el ejercicio de sus la­bores y a las personas que co­laboren en la localización de armas ilegales.

Sostuvo que la alta percep­ción de inseguridad, una tra­dición de apego a las armas y la presencia del microtráfico de drogas en los barrios pro­vocan el incremento de armas en posesión de civiles.

Abinader indicó que es im­posible saber con exactitud la cantidad de armas ilegales en el país, y aseveró que las armas en poder de civiles erosiona en el monopolio de la fuerza que pertenece al Estado.“ La pre­sencia de armas legales o ile­gales en manos de civiles se ha convertido en un problema de salud pública y no solo de se­guridad ciudadana”, dijo el presidente.

Abinader hizo un llamado a la población a apoyar este plan de desarme, ya que el mismo no solo contempla la implementación de medidas correctivas sino medidas preventivas mismas que garantizarán el acceso a un sistema de justicia eficaz, imparcial e independiente y buscará modernizar los procedimientos e integrar a los actores correspondientes en la lucha contra los delitos.

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